JUICIO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTES: SX-JIN-28/2015 Y ACUMULADOS.

ACTORES: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: 09 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS.

TERCERO INTERESADO: PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

MAGISTRADO PONENTE: OCTAVIO RAMOS RAMOS.

SECRETARIOS: HUGO ENRIQUE CASAS CASTILLO Y JOSÉ ANTONIO GRANADOS FIERRO.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintinueve de julio de dos mil quince.

Sentencia que confirma el cómputo distrital, así como la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez otorgada a favor de la fórmula de candidatos postulada por la Coalición integrada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en el 09 Distrito Electoral Federal, en el Estado de Chiapas, con cabecera en Tuxtla Gutiérrez.

Los juicios fueron promovidos por conducto de Néstor Anzuri Cruz Álvarez, Ranulfo Esquinca Kobeh y Candelario de Jesús Coello Moreno quienes se ostentan como representante suplente del Partido de la Revolución Democrática y propietarios de los institutos políticos, MORENA y del Partido del Trabajo, respectivamente ante la autoridad responsable al rubro citada, a fin de controvertir el referido cómputo.

RESULTANDO

I. Antecedentes. De lo narrado en el escrito de demanda y de las constancias que obran en autos se advierte lo siguiente:

a. Inicio del proceso electoral. El siete de octubre de dos mil catorce, dio inicio el proceso electoral federal 2014-2015 para renovar a los integrantes de la Cámara de Diputados.

b. Registro de candidaturas. El cuatro de abril de dos mil quince, fue aprobado en sesión especial del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el acuerdo INE/CG162/2015, mediante el cual se registraron las candidaturas a diputadas y diputados por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, presentadas por los partidos políticos nacionales y coaliciones con registro vigente, a fin de participar en el proceso electoral federal dos mil catorce – dos mil quince.

c. Jornada electoral. El siete de junio de la presente anualidad se llevó a cabo la jornada electoral para elegir diputados federales por los principios de mayoría relativa y representación proporcional respectivamente.

d. Cómputo distrital. El once de junio siguiente, el 09 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Chiapas, concluyó el cómputo correspondiente de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, obteniendo los resultados siguientes:

Total de votos en el distrito.

Distribución final de votos a partidos políticos y candidatos.

Votación final obtenida por los candidatos.

A partir de lo anterior, se tiene que la diferencia entre primero y segundo lugar es de (26,703) veintiséis mil setecientos tres votos.

Al finalizar la sesión de cómputo, el Consejo Distrital de referencia declaró la validez de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, así como la elegibilidad de los candidatos que obtuvieron la mayoría de los votos; y expidió la constancia de mayoría y validez a la fórmula integrada por Emilio Enrique Salazar Farías y Pablo Mauricio Gutiérrez Robles, como propietario y suplente, respectivamente.

II. Juicios de inconformidad

a. Presentación. El quince de junio siguiente, en diferentes horarios, los partidos actores, por conducto de sus representante respectivos, promovieron los diversos juicios de inconformidad, ante el 09 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Chiapas, a fin de impugnar los resultados obtenidos en el cómputo distrital precisado en el inciso d), que antecede.

b. Remisión. El veinte de junio del año en curso, la autoridad responsable remitió los expedientes integrados con motivo de la interposición de los presentes juicios de inconformidad, sus informes circunstanciados y las constancias relativas al trámite de cada uno de ellos.

c. Turnos. El propio veinte de junio, el Magistrado Presidente acordó integrar los expedientes SX-JIN-28/2015, SX-JIN-29/2015 y SX-JIN-30/2015, y turnarlos a la ponencia a cargo del Magistrado Octavio Ramos Ramos, para los efectos que establece el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

d. Radicación, admisión y requerimientos. El veintiséis de junio siguiente, el Magistrado Instructor radicó los presentes juicios, y al considerar satisfechos los requisitos de procedibilidad admitió las respectivas demandas, y a fin de contar con mayores elementos para resolver requirió diversa documentación necesaria para la sustanciación de los medios de impugnación a la autoridad responsable, la cual, en su momento fue remitida a esta Sala Regional.

e. Escritos de ampliación de demanda en los juicios SX-JIN-28/2015 y SX-JIN-29/2015. Los días veintiocho y veintinueve de junio del año en curso, los partidos de la Revolución Democrática y MORENA presentaron ante el Consejo Distrital responsable diversos escritos a través de los cuales, pretenden formular nuevas alegaciones contra el acto impugnado.

f. Requerimiento al Instituto Nacional Electoral. Mediante acuerdo de veintidós de julio del presente año, el Magistrado Instructor, solicito al Secretario General del Instituto Nacional Electoral, información referente al Dictamen Consolidado, emitido por esa autoridad.

g. Desahogo de pruebas técnicas. El veintitrés de julio del año en curso, se llevó a cabo la diligencia de desahogo de prueba técnica, ordenada por el Magistrado Instructor en el presente juicio.

h. Cierre de instrucción. En su oportunidad, al no existir diligencias pendientes por desahogar, el Magistrado Instructor declaró cerrada la instrucción, quedando los autos en estado de resolución.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral Federal es competente para conocer y resolver estos juicios de inconformidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, 60, segundo párrafo, y 99, párrafo cuarto, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción II, 184, 185, 186, fracción I, 192 párrafo 1 y 195, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 4, 34, párrafo 2, inciso a); 49, 50, párrafo 1, inciso b) y 53, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Lo anterior, en razón de que se trata de un juicio de inconformidad promovido durante un proceso electoral federal, en contra de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa celebrada en el 09 Distrito Electoral Federal en el Estado de Chiapas; entidad federativa que corresponde a la circunscripción plurinominal en la que esta Sala Regional ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. Acumulación. Es procedente acumular los juicios.

El artículo 86 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establece que procede la acumulación cuando en dos o más medios de impugnación se controviertan actos o resoluciones similares y exista identidad en la autoridad u órgano señalado como responsable.

El mismo precepto señala que dicha figura procede cuando se advierta que entre dos o más juicios o recursos existe conexidad en la causa, por estar controvertido el mismo acto o resolución, o bien, que se aduzca respecto de actos o resoluciones similares, una misma pretensión y causa de pedir que haga conveniente el estudio en una misma ponencia.

En el caso, en las demandas de los tres juicios se combaten los mismos actos y se señala a la misma autoridad responsable, de ahí que para facilitar la resolución pronta y expedita de los medios de impugnación, lo procedente es acumular los juicios SX-JIN-29/2015 y SX-JIN-30/2015 al diverso SX-JIN-28/2015, por ser éste el primer asunto recibido en este órgano jurisdiccional.

En consecuencia, deberá agregarse copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los expedientes acumulados.

TERCERO. Tercero interesado. En los tres juicios de inconformidad compareció con tal carácter el Partido Verde Ecologista de México. Debe reconocérsele dicha calidad, de conformidad con lo siguiente:

1. Calidad. El artículo 12, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, define al tercero interesado como en los presentes asuntos al partido político, con un interés legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretende el actor.

En el caso se surte dicha calidad, ya que la pretensión de los tres partidos políticos actores del medio de impugnación al que comparece el tercero, es que se declare la nulidad de la elección en la cual resultó triunfadora la coalición integrada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.

En ese sentido, toda vez que el referido Partido Verde Ecologista de México formó parte de la coalición ganadora de la elección, es evidente que cuenta con un derecho incompatible con el que pretende el actor, en razón de que de resultar fundados los agravios de algunos de los tres partidos enjuiciantes quedarían sin efectos la constancia de mayoría expedida a los integrantes de la fórmula de candidatos postulada en el distrito controvertido por la referida coalición, de ahí que deba reconocérsele el carácter de tercero interesado al Partido Verde Ecologista de México.

2. Oportunidad. El artículo 17, párrafo 4, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral señala que los terceros podrán comparecer a partir de la publicitación del medio, dentro de las setenta y dos horas siguientes por escrito.

En el caso, dicho requisito se cumple, ya que como se desprende de las respectivas cédulas de publicitación y retiro de estrados de las demandas, el plazo corrió de la siguiente manera:

Como se observa del cuadro anterior, los plazos para la presentación del escrito de compareciente corrieron dentro de las setenta y dos horas a partir de la fijación del escrito de demanda, y en los tres casos los escritos del partido tercero interesado, se presentaron ante la autoridad responsable el dieciocho de junio del presenta año, a las diez horas con treinta minutos, esto es, dentro del plazo legal previsto para tal efecto.

Por lo anterior, este órgano jurisdiccional reconoce el carácter de tercero interesado al Partido Verde Ecologista de México.

3. Legitimación y personería. La personería de José Aníbal Pérez Castro está acreditada, y por tanto se encuentra legitimado para comparecer como tercero interesado dentro de los presentes juicios de inconformidad, ya que anexa a los referidos escritos de comparecencia, copia certificada de su nombramiento que lo acredita como representante propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo Distrital responsable.

Por otro lado, se destaca que si bien dicho instituto político participó en coalición con el Partido Revolucionario Institucional, lo cierto es que el referido ciudadano sí cumple con el requisito en análisis, toda vez que esa circunstancia no impide que acuda en defensa de los intereses de dicha alianza de forma individual.

Lo anterior, porque como lo sostuvo la Sala Superior de este Tribunal Electoral al resolver la contradicción de criterios SUP-CDC-6/2009: “el partido político coaligado o la coalición pueden acudir como promoventes, cada uno por su cuenta, o bien, en forma simultánea, a través de sus respectivos representantes. Lo cual, es conforme con el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de diversos instrumentos internacionales suscritos por México, mismo que debe de privilegiar el derecho de los partidos políticos integrantes de la coalición para acudir ante los órganos jurisdiccionales competentes a defender sus derechos”.

Asimismo, en la contradicción de criterios SUP-CDC-7/2015, la referida Sala Superior, también señaló que cualquier partido político tiene el derecho de participar en la contienda electoral federal en forma individual o coaligado y, cuando actúan en esta última forma, lo hacen como si se tratara de un solo partido político, estableciéndose ciertas modalidades para el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos, sin que ello implique en forma alguna, que se prive de algún derecho a los partidos políticos coaligados o que se les libere del cumplimiento de cierta obligación.

Es decir, no se puede limitar la actuación que un partido político pueda realizar, en forma individual, al momento de interponer alguno de los medios de impugnación en materia electoral, previstos en la normativa atinente.

Con base en lo expuesto, dio origen a la jurisprudencia de rubro “LEGITIMACIÓN. LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS PUEDEN PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN FORMA INDIVIDUAL”, en la cual si bien señala que ante la celebración de un convenio de coalición, la interposición de los medios de impugnación corresponde a la coalición por conducto de quien se haya designado como autorizado para tales efectos, tal interpretación debe hacerse extensiva a aquellos partidos políticos que como integrantes de una coalición pretendan comparecer a algún juicio como tercero interesado, lo anterior a fin de no hacer nugatorio el principio de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es por lo anterior, que se estima que el ciudadano referido tiene acreditada su personería, en términos de lo establecido en el artículo 17, apartado 4, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

4. Causal de improcedencia. Tanto el Partido Verde Ecologista de México, tercero interesado en el presente juicio, como la autoridad responsable en los tres juicios, señalan de manera idéntica en sus respectivos ocursos, que los juicios deben desecharse toda vez que los presentes medios de impugnación no satisfacen los requisitos señalados en los artículos 50 y 52 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Dicha causal de improcedencia es infundada, porque, como se analizará en el capítulo siguiente, las demandas de los juicios de inconformidad presentadas por los partidos incoantes sí satisfacen los requisitos exigidos por la citada Ley Adjetiva Electoral.

CUARTO. Presupuestos procesales y requisitos especiales. Previo al estudio de los agravios expuestos por el partido actor, es preciso analizar si en la especie, se actualiza alguna causa que impida a esta autoridad jurisdiccional, dictar un fallo de fondo, dado que tratándose del Juicio de Inconformidad deben satisfacerse los presupuestos procesales y requisitos especiales que exigen los artículos 9, y 52 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

I. PRESUPUESTOS PROCESALES

Por lo que respecta a los requisitos previstos en el artículo 9, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, estos se encuentran debidamente cumplidos, en atención a lo siguiente:

1. Forma. Las demandas se presentaron por escrito ante la responsable, en la cual consta el nombre y firma autógrafa de la parte actora; el domicilio para oír y recibir notificaciones, así como las personas autorizadas al efecto; se identifica el acto impugnado, se mencionan los hechos materia de la impugnación y se expresan los agravios.

2. Oportunidad. Las demandas se presentaron dentro del plazo de cuatro días previsto en el artículo 55, numeral 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de que la sesión de cómputo distrital cuestionada concluyó el once de junio del año en curso, por lo que el plazo para la promoción del medio de impugnación transcurrió del doce al quince de junio de dos mil quince, de ahí que si las demandas se presentaron el quince de junio de este año, como consta del sello de recepción en cada uno de los expedientes en que se actúa, es evidente que la promoción fue interpuesta dentro del plazo estipulado para ello.

3. Legitimación y personería. Los juicios de inconformidad son promovidos por partes legítimas, conforme con lo previsto por el artículo 54, numeral 1, inciso a), de la ley adjetiva electoral, al hacerlo los partidos políticos de la Revolución Democrática, MORENA y del Trabajo, respectivamente, representados por quienes tienen acreditada su calidad ante el órgano electoral responsable, de acuerdo a lo previsto en el artículo 13, numeral 1, inciso a), fracción I, del citado ordenamiento legal.

II. REQUISITOS ESPECIALES

De la misma manera, en cuanto hace a los requisitos especiales de la demanda de Juicio de Inconformidad, derivados del artículo 52, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se encuentran acreditados, como se demostrará a continuación:

1. Elección que se impugna. En el escrito de demanda, los actores claramente señalan la elección y los actos que impugnan, en virtud de que encauzan su impugnación en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados federales, realizado por el 09 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Chiapas.

2. Acta de cómputo distrital. Como ya se hizo referencia, el promovente especifica con precisión el acta de cómputo distrital que impugna.

3. Casillas impugnadas. Si bien de los escritos de demanda no se advierte que el promovente en el SX-JIN-29/2015, pretenda la nulidad de casillas en lo particular, lo cierto es que MORENA pretende la nulidad de la elección al estimar que en la elección que nos ocupa, se generó un rebase en el tope de gastos de campaña, la utilización de recursos de procedencia ilícita, así como la causal genérica de nulidad de la elección, lo cual será estudiado en la presente resolución.

Asimismo, en los juicios SX-JIN-28/2015 y SX-JIN-30/2015, los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, respectivamente identifican las casillas impugnadas y las causales de nulidad específicas.

En consecuencia, al encontrarse satisfechos los requisitos para la procedencia del juicio y al no actualizarse ninguna causal de improcedencia o sobreseimiento prevista en los artículos 9, párrafo 3, 10 y 11 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este órgano jurisdiccional procede a realizar el estudio de la controversia planteada.

QUINTO. Cuestión previa con relación a la fecha límite para resolver los juicios de inconformidad. De una interpretación sistemática y funcional de los artículos 44, apartado 1, inciso u), 327 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 58 y 69 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que esta Sala Regional tiene para resolver los juicios de inconformidad de las elecciones de diputados federales, como límite, a más tardar el 3 de agosto del año de la elección como a continuación se explica.

El artículo 41 en su fracción V, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece la propia Constitución.

Además, establece que el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley.

Asimismo, se prevé que el Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño.

Por su parte el artículo 99, párrafo tercero, fracción I, de la misma Constitución Federal dispone que el Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de la Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

También, el mencionado artículo señala que a este Tribunal le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de la Constitución y según lo disponga la ley, de las impugnaciones en las elecciones federales de diputados, entre otras.

Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 44, apartado 1, inciso u) establece que dentro de las atribuciones que tiene el Consejo General del Instituto Nacional Electoral se encuentra la de efectuar el cómputo total de la elección de todas las listas de diputados electos según el principio de representación proporcional, hacer la declaración de validez de la elección de diputados por este principio, determinar la asignación de diputados para cada partido político y otorgar las constancias respectivas, en los términos de esta Ley, a más tardar el 23 de agosto del año de la elección.

En ese tenor, el numeral 327 de la referida ley sustantiva electoral señala que en los términos del artículo 54 de la Constitución, el Consejo General procederá a la asignación de diputados electos por el principio de representación proporcional conforme al procedimiento indicado en la ley de instituciones.

Aunado a lo anterior, el Consejo General hará la asignación a que se refiere el párrafo anterior, una vez resueltas por el Tribunal Electoral las impugnaciones que se hayan interpuesto en los términos previstos en la ley de la materia y a más tardar el 23 de julio del año de la elección.

En cuanto a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, su artículo 3, párrafo 2, dispone que el sistema de medios de impugnación se integra, entre otros, por el juicio de inconformidad y el recurso de reconsideración.

El artículo 49 de la referida ley de medios prevé que durante el proceso electoral federal y exclusivamente en la etapa de resultados y de declaraciones de validez, el juicio de inconformidad procederá para impugnar las determinaciones de las autoridades electorales federales que violen normas constitucionales o legales relativas a las elecciones de diputados, entre otras, en los términos señalados en la ley en comento.

En ese orden de ideas, el diverso artículo 58 de la ley sustantiva electoral establece que los juicios de inconformidad de las elecciones de diputados, entre otras, deberán quedar resueltos el 3 de agosto y los relativos a la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a más tardar el 31 de agosto, ambas fechas del año de la elección.

Además, de los artículos 61, 64 y 69 de la citada ley general, se tiene que el recurso de reconsideración procederá para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales y que la Sala Superior del Tribunal Electoral es la única competente para resolver este tipo de recurso y cuando versen sobre los cómputos distritales de la elección de diputados, deberán ser resueltos a más tardar el día 19 de agosto del año del proceso electoral.

Es de señalarse que en el proceso electoral federal que transcurre se eligieron en el país únicamente diputados por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional; no así senadores ni Presidente de la República, y al Consejo General le corresponde realizar la asignación de diputados por el referido principio.

En ese orden de ideas, los artículos 51, 52 y 65 de la Constitución Federal señalan que la Cámara de Diputados se compondrá de 300 diputados electos según el principio de mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, electos en su totalidad cada tres años, debiendo tomar posesión el 1o. de septiembre.

Ahora bien, de lo expuesto se advierte que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone por una parte que el Consejo General deberá realizar la asignación de diputados por el principio de representación proporcional a más tardar el 23 de agosto del año de la elección, pero también señala que la referida asignación deberá realizarse a más tardar el 23 de julio del año de la elección; por tanto, hay una incongruencia en la citada ley sustantiva electoral al manejar dos fechas para la realización de un mismo acto.

Por su parte la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral señala que el Tribunal Electoral deberá resolver los juicios de inconformidad a más tardar el 3 de agosto del año de la elección y los recursos de reconsideración a más tardar el día 19 de agosto del año del proceso electoral.

Cabe señalar que las fechas previstas en la ley sustantiva con relación a la ley adjetiva, referidas, no resultan congruentes, ya que lo ideal sería que primeramente el Tribunal Electoral resolviera todos los juicios de inconformidad y de reconsideración que se presentaran, a fin de que quedaran firmes los cómputos respectivos, y posteriormente el Consejo General del Instituto Nacional Electoral realizara la asignación de diputados.

Por tanto, este órgano jurisdiccional considera que la falta de congruencia en las fechas señaladas se debió a un lapsus calami del legislador, al no ajustar las fechas que permitan coordinar las actividades antes referidas, al dejar como fecha límite al Consejo General para realizar la asignación, una fecha anterior a que culmine el límite temporal con que cuenta el Tribunal Electoral para resolver los juicios y recursos señalados.

En consecuencia, aún y cuando se establezca en los artículos 44, apartado 1, inciso u) y 327 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que el Consejo General hará la asignación a más tardar en dos posibles fechas como sería el 23 de agosto o el 23 de julio del año de la elección, este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe ajustarse a lo previsto en los artículos 58 y 69 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al ser la que regula lo relativo a los juicios de inconformidad de la elección de diputados y que prevé como límite para resolver a más tardar el 3 de agosto, y en el caso de los recursos de reconsideración a más tardar el 19 de agosto del año del proceso electoral. Ello, porque este Tribunal Electoral se rige por la referida ley adjetiva electoral.

SEXTO. Escritos de ampliación de demanda en los expedientes SX-JIN-28/2015 y SX-JIN-29/2015. Como ya se señaló, los días dieciocho y veintinueve de junio del año en curso, los partidos de la Revolución Democrática y MORENA presentaron ante el Consejo Distrital responsable diversos escritos a través de los cuales, pretenden formular nuevas alegaciones contra el acto impugnado, es decir, pretenden ampliar sus escritos de demanda.

Esta Sala Regional considera que no ha lugar a analizar los argumentos planteados en los escritos referidos, por lo siguiente.

La Sala Superior de este Tribunal ha señalado que cuando en fecha posterior a la presentación de la demanda surgen nuevos hechos estrechamente relacionados con aquellos en los que el actor sustentó sus pretensiones o se conocen hechos anteriores que se ignoraban, es admisible la ampliación de la demanda, siempre que guarden relación con los actos reclamados en la demanda inicial[1].

Asimismo, el mismo órgano jurisdiccional acotó que la procedencia de una ampliación de demanda, está sujeta a las reglas relativas a la promoción de los medios de impugnación, esto es, los escritos de ampliación deben presentarse dentro de un plazo igual al previsto para el escrito inicial, contado a partir de la respectiva notificación o de que se tenga conocimiento de los hechos materia de la ampliación[2].

De lo anterior se advierte que para la procedencia de una ampliación de demanda, deben actualizarse al menos dos requisitos: 1. Que los hechos alegados hubieren surgido con posterioridad a la presentación de la demanda, o que si surgieron con anterioridad, se desconocieran por el accionante; y 2. Que la ampliación se presente dentro del plazo legal previsto para promover el medio de impugnación de que se trate, a partir del conocimiento de los hechos.

En el caso, de los escritos presentados por el Partido de la Revolución Democrática y MORENA se observa que los argumentos ahí planteados están dirigidos a exponer agravios novedosos, que no fueron aducidos en sus escritos iniciales de demanda. En los argumentos que incorpora reclama la falta de equidad y proporción entre las noticias emitidas por los medios de comunicación, específicamente, televisión, así como argumentos tendentes a hacer evidente un rebase en el tope de gastos de campaña.

Sin embargo, los hechos relacionados con los agravios planteados en el escrito en análisis ya eran conocidos por los partidos actores, de ahí que se considere que no es posible atender los planteamientos porque el partido actor pretende hacer valer violaciones derivadas de hechos que eran conocidos desde antes de la presentación de la demanda, lo cual implicaría una segunda oportunidad para plantear agravios, lo cual no puede tutelarse por este órgano colegiado al afectar los presupuestos procesales para la válida instauración de un medio de impugnación.

Por tanto, no es posible admitir los alegatos planteados en los escritos en estudio.

SÉPTIMO. Pruebas reservadas en el SX-JIN-29/2015. Por acuerdo de veintiséis de junio del presente año, el Magistrado Instructor reservó las pruebas ofrecidas en la demanda del partido MORENA relativas al rebase de tope de gasto de precampaña y campaña. En ese sentido, esta Sala Regional se pronuncia al respecto.

Pruebas ofrecidas.

a. Expedientes.

El partido político actor ofreció como medios de convicción los expedientes formados con motivo de las quejas interpuestas en contra del Partido Verde Ecologista de México por la comisión de diversas conductas violatorias de la ley, señalando las claves de expedientes así como las sesiones de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las cuales se resolvieron algunas quejas.

Los expedientes ofrecidos son los siguientes:

1. Sentencias de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En su demanda, el partido MORENA ofreció como pruebas las constancias de diversos expedientes que, a su decir, obran en las siguientes páginas de internet de este Tribunal Electoral:

http://portal.te.gob.mx/

http://portales.te.gob.mx/srespecializada/

http://www.trife.gob.mx/turnos-sentencias/sistema-consulta?advanced=1&sala =SER

http://www.trife.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/acuerdos-y-actas?sala=481

http://www.trife.gob.mx/noticias-opinion-y-eventos/sesiones-publicas?sala=6

Además, plasmó dos imágenes que corresponden a impresiones de pantalla de la página de Internet de este Tribunal Electoral, en las cuales se advierte una lista de las sesiones públicas de la Sala Regional Especializada de las siguientes fechas:

2. Expedientes señalados en la demanda en los que se denunció al Partido Verde Ecologista de México.

Además, en su demanda señaló diversos procedimientos iniciados con motivo de denuncias contra el referido instituto político. De la lectura de dicho documento se advierten los siguientes:

Este órgano jurisdiccional considera en lo que toca a los expedientes de los procedimientos relacionados en la segunda tabla (numeral 2), no es procedente acceder a lo solicitado en atención a que si bien en su escrito de presentación de demanda el partido político actor solicitó al presidente del 09 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Chiapas, glosara copia certificada de los expedientes que describe en su medio de impugnación, lo cierto es que dicha petición no fue formulada conforme con las disposiciones legales y reglamentarias conducentes.

En efecto, el inconforme solicitó al referido funcionario electoral que glosara copias de documentos que dada su naturaleza no obran en su poder. En tal virtud, se estima que en el caso no se actualizan los supuestos previstos en el artículo 9, párrafo 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el cual establece que los medios de impugnación deberán cumplir, entre otros requisitos, con el de señalar las pruebas que deban requerirse cuando el promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y éstas no le hubieren sido entregadas.

Dicho precepto impone una carga para quienes soliciten que determinados medios de convicción sean requeridos por el órgano jurisdiccional, consistente en que demuestren haber realizado la petición de las pruebas y que éstas no les hubieren sido entregadas, es decir, que por cuestiones ajenas a su voluntad no hubieren podido aportarlas.

En ese sentido, es insuficiente para tener por colmados los extremos previstos en el citado numeral, que el actor en su escrito de presentación hubiere solicitado al mencionado presidente glosara las copias certificadas de dichos expedientes, en razón de que ello no constituye una solicitud por escrito al órgano competente y que ante su negativa se justifique que esta Sala Regional formule el requerimiento respectivo.

No obstante lo anterior, este órgano colegiado, con la finalidad de satisfacer a cabalidad el principio de exhaustividad al que se encuentra obligado como impartidor de justicia, considera que es posible admitir como pruebas las sentencias que hubieren recaído a dichos procedimientos para determinar cuál fue el resultado de las denuncias presentadas contra el Partido Verde Ecologista de México, documentos que se valorarán en su oportunidad.

Es decir, pese a que no es posible requerir los expedientes completos, sí es viable el análisis de los fallos jurisdiccionales que se hubieren emitido con motivo de los expedientes señalados por el partido actor[3], ya que al haber sido resueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, constituyen hechos notorios para esta Sala Regional, en términos del artículo 15, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por otro lado, no es dable admitir los expedientes que supuestamente obran en los vínculos electrónicos ni los que se resolvieron en las sesiones públicas de la Sala Regional Especializada que se mencionan en la primera tabla (numeral 1).

Lo anterior, porque dicha información no traería un mayor beneficio para la parte actora, toda vez que los expedientes que supuestamente obran en los vínculos electrónicos, en el mejor de los casos se refieren a sentencias emitidas por este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismas que como se apuntó son notorias para esta Sala Regional al momento de resolver.

En este orden de ideas, como se señaló, serán las sentencias vinculadas a los procedimientos administrativos que se refieren las que se consideren al momento de resolver el presente medio de impugnación.

Además, el contenido de las sesiones públicas de la Sala Regional Especializada, como lo son las intervenciones de los Magistrados; la cuenta que dan de los asuntos los Secretarios; así como el sentido de su votación, no son el medio probatorio idóneo para acreditar lo resuelto.

Sin embargo, como se adelantó, lo que se tomará en cuenta será el sentido y contenido de las sentencias; lo que no le genera perjuicio a la parte actora, en tanto que serán valorados los medios probatorios idóneos para demostrar que las conductas expresadas, para estar en condiciones de determinar si efectivamente se acreditó o no la infracción a las disposiciones electorales y, en su caso, la sanción que correspondió.

b. Vínculos electrónicos.

En su demanda, la parte actora señala diversas irregularidades presuntamente cometidas por el Partido Verde Ecologista de México, mismas que asegura fueron difundidas en Internet. Para demostrar su dicho, menciona diversos links en los cuales se pueden constatar dichas afirmaciones. Los vínculos son los siguientes[4]:

Este órgano jurisdiccional considera oportuno analizar los vínculos electrónicos señalados, por lo cual, al entrar al estudio de fondo se analizará el contenido de dichas direcciones de Internet.

OCTAVO. Solicitud de vista a la Unidad de Fiscalización en el SX-JIN-29/2015. En su escrito de demanda el partido MORENA solicita que este órgano jurisdiccional dé vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para que determine el gasto de los mensajes de twitter señalados en su escrito de impugnación.

Sin embargo, no ha lugar a acordar de conformidad dicha petición.

Lo anterior, porque como el propio actor lo señala ya se han realizado las denuncias correspondientes con relación a dicho tópico. En efecto, en su demanda, el partido MORENA mencionó:

“MORENA denunció oportunamente ante la Unidad Técnica de Fiscalización que el Partido Verde Ecologista de México ha gastado y continúa gastando recursos en la propaganda a la que se alude líneas más arriba, cantidades que rebasan con mucho el financiamiento público al cual tiene derecho, así como el tope para el financiamiento privado estipulado por la autoridad electoral para los partidos políticos, precandidatos y candidatos dentro del Proceso Electoral Federal 2014-2015, eso sin contar que el PVEM continúa con su dispendiosa campaña que está siendo ilegalmente financiada por particulares, servidores públicos, órganos de gobierno, organismos descentralizados y personas morales violando a todas luces la normatividad electoral vigente”.

Como se ve, el partido político actor reconoce que ha realizado las gestiones pertinentes ante las autoridades competentes para denunciar la infracción a diversos preceptos legales en materia electoral por parte del Partido Verde Ecologista de México.

En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera innecesario dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral con las irregularidades aducidas en la demanda de juicio de inconformidad ya que, se insiste, tales hechos ya se hicieron del conocimiento a la referida autoridad por la vía pertinente.

NOVENO. Agravios, precisión del caso y metodología de análisis.

I. Agravios:

a. Partido de la Revolución Democrática SX-JIN-28/2015.

Del análisis al escrito de demanda del citado instituto político, se advierte que sus argumentos se encuentran dirigidos a evidenciar:

1. En la casilla 2037 B, se actualiza la causal de nulidad prevista en el inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque el paquete electoral se recibió en el Consejo Distrital a las cero dos horas con cuarenta y siete minutos del ocho de junio del presente año.

2. Las casillas 1698, 1698 C1, 1939 B, 1948 B, 1954, 1957, 1970 B, 1971 B, 1972, 1973 B y 1974 B fueron aperturadas con posterioridad a las ocho horas, lo cual resulta violatorio de lo previsto en la ley electoral, ya que la votación fue recibida en un horario diferente al estipulado en la ley electoral. Por lo anterior, invoca como causal de nulidad en las citadas casillas, la prevista en el inciso d) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

3. El día de la jornada electoral el Presidente del 09 Consejo Distrital Electoral del Instituto Nacional del Estado de Chiapas, tomó atribuciones que la ley electoral no le otorga, tales como dar a conocer los derechos a los Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla, respecto a que en caso de inseguridad o temor fundado de que se robaran las urnas de votación, pudieran cerrar con anticipación las casillas instaladas en ese distrito electoral.

Lo anterior provocó que diversas Mesas Directivas de Casilla cerraran antes de las dieciocho horas, y que por ende, el escrutinio y cómputo de las mismas se realizara en la sede administrativa.

El partido político promovente señala que ello se puede corroborar de la propia acta de la sesión permanente, en la cual se asentó que a las dieciséis horas con cuarenta y ocho minutos se instruyó a los capacitadores asistentes electorales que acudieran a un total de ciento sesenta y cuatro casillas[5] para ordenar el cierre de la votación e instruir que los paquetes electorales se trasladaran a la sede administrativa para llevar a cabo los cómputos correspondientes.

Así, diversos centros de votación lejos de tomarlo como un “recordatorio” lo tomaron como una orden, al verificar el número tan elevado de casillas que decidieron cerrar la votación y trasladar los paquetes a la sede administrativa.

Con relación a este tema, se destaca que dicha instrucción únicamente se giró para aquellas casillas que se encontraban ubicadas en la Avenida Central de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; las cuales son cinco[6], sin embargo, fueron un total de ciento setenta y cuatro (174), a juicio del actor las que decidieron clausurar la casilla y realizar el cómputo en la sede administrativa, lo cual generó incertidumbre en el electorado.

Por lo tanto, el promovente sostiene que en el caso se debe declarar la nulidad de tales casillas en las que la votación fue cerrada con anterioridad a la hora marcada por la ley, y por ende, la nulidad de la elección, si se toma en consideración que las mismas representan el treinta y tres punto ocho por ciento (33.8%) de la totalidad de instaladas en el distrito.

De ahí que, bajo ninguna circunstancia debió haberse cerrado la votación y mucho menos llevar a cabo el escrutinio y cómputo en la sede del 09 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Chiapas, ya que bajo esa circunstancia no se tiene la certeza que las urnas y boletas sobrantes se hayan resguardado debidamente o tampoco que éstos se hayan manipulado.

4. Por cuanto hace al acta de cómputo distrital, el Partido de la Revolución Democrática considera que la misma transgrede lo dispuesto en los artículos 309, 310 y 311 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que la bodega electoral se abrió el nueve de junio de dos mil quince, cuando ello debió ocurrir al día siguiente, esto es, el diez del mes y año señalado.

Asimismo considera que tampoco se realizó un cotejo entre los resultados obtenidos en la diligencia de recuento, con aquellos asentados en el acta de escrutinio y cómputo de casilla, con lo cual se puede presumir que algunos datos pudieron estar alterados en favor de algún partido político.

Finalmente, con relación a este agravio sostiene que en la referida acta se contienen datos irreales e inexactos sobre los realmente obtenidos el día de la jornada electoral, ya que los paquetes electorales fueron violentados, existió un escrutinio y cómputo dentro de la sede administrativa el día de la elección, lo cual hace presumir su alteración.

5. El nueve de junio de dos mil quince, se llevó a cabo una sesión de trabajo para la verificación del estado de los paquetes electorales, lo cual contravino lo estipulado en la ley electoral, si se toma en consideración que la bodega electoral donde se custodian los paquetes electorales debe abrirse hasta la sesión de cómputo distrital.

6. Durante la sesión de recuento y cotejo de diversos paquetes electorales, se pudo observar una serie de inconsistencias que ponen en duda el resultado de la votación, toda vez que se generaron demasiados votos a favor del Partido Verde Ecologista de México, ya que previo a dicha sesión, dicho instituto político contaba con un total de 20,647 (veinte mil seiscientos cuarenta y siete) sufragios, y con el recuento realizado, dicho instituto político aumento su votación a un total de 25,946 (veinticinco mil novecientos cuarenta y seis) sufragios.

7. La existencia de violencia en el distrito electoral generó temor en la ciudadanía y por ende, presión sobre los electores[7] y los funcionarios de las mesas directivas de casilla el día de la jornada electoral, lo cual generó que el número de electores decayera enormemente en comparación con el proceso electoral de dos mil doce.

8. Por todo lo expuesto, el Partido de la Revolución Democrática pretende la nulidad de trescientas cincuenta y cinco casillas e inserta al final de su escrito de demanda, el siguiente cuadro, tal y como se muestra a continuación: